La propuesta de Silvio Berlusconi recibió el voto positivo de los diputados. Permite grupos civiles de caza de "inmigrantes ilegales".
La coalición de derecha del primer ministro Silvio Berlusconi aprobó ayer definitivamente en la Cámara de Diputados una ley que facilita la expulsión de inmigrantes ilegales y obliga a los empleados públicos a denunciarlos. El presidente italiano, el izquierdista Giorgio Napolitano, criticó la norma, que ya había sido aprobada ayer en primera lectura, y advirtió sobre una creciente "retórica pública" en Italia con ribetes de "intolerancia y xenofobia". La ley, aprobada con 297 votos a favor, 255 en contra y 3 abstenciones, prevé establecer un delito de "inmigración y permanencia ilegal" en la península y castigarlo con penas de entre 5.000 y 10.000 euros (6.840 y 13.670 dólares o 25 mil y 50 mil pesos, respectivamente). La norma de seguridad y extranjería, muy controvertida, permite también la formación de patrullas locales contra los inmigrantes ilegales integrada por civiles. Aunque no estipula cárcel para los "sin papeles", la ley sí contempla hasta tres años de prisión para quienes alquilen viviendas a los indocumentados. Para asegurarse la aprobación de la norma, los partidos aliados de Berlusconi sometieron la ley a una moción de confianza, que fuerza a los legisladores a cerrar filas porque una derrota supone la caída del gobierno. El premier expresó su satisfacción tras la media sanción de lo que describió como "una ley absolutamente necesaria". El texto colocará a Italia entre los países más duros en Europa en la lucha contra la inmigración ilegal, según la prensa italiana. La semana pasada Italia comenzó a aplicar la política de rechazar a los indocumentados antes de que entren en aguas italianas, para que no puedan ejercer el derecho a solicitar asilo político.
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